UAT Abogados

Estimados lectores,
Es un placer para nosotros mantenerles informados sobre las novedades legislativas más recientes. En esta ocasión, queremos destacar el Real Decreto-ley 8/2023, que aborda medidas laborales y de seguridad social para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

1. Revalorización de Pensiones:
El gobierno ha implementado medidas significativas en el ámbito de las pensiones. Se ha establecido una subida general del 3,8% para las pensiones del sistema de Seguridad Social y Clases Pasivas del Estado. Además, se han incrementado en un 6,9% las pensiones mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Aquellas pensiones de viudedad con cargas familiares experimentarán un aumento del 14,1%. Además, se han fijado límites máximos para las pensiones públicas.

2. Jubilación Parcial y Contrato de Relevo:
En el ámbito de la jubilación parcial y el contrato de relevo, se han introducido modificaciones para adaptarse a las necesidades actuales. Se aplicará la regulación anterior a la Ley 27/2011 hasta el 1 de enero de 2025, con la posibilidad de transformación de contratos incentivados por esta norma. También se ha extendido el período transitorio para la industria manufacturera hasta el 31 de diciembre de 2025.

3. Ingreso Mínimo Vital:
Se ha decidido aumentar en un 6,9% la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, buscando mejorar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad económica. Asimismo, se brinda la posibilidad a las comunidades autónomas de régimen común de asumir la gestión de esta prestación.

4. Cotización de Prácticas Formativas:
En el ámbito educativo, se establece la cotización en el sistema de Seguridad Social para alumnos que realicen prácticas formativas en 2024. Se excluye de esta cotización a aquellos que ya estén dados de alta o sean pensionistas, asegurando la equidad en el acceso a oportunidades formativas.

5. Bonificación de Contratos por Sustitución:
Se han realizado ajustes en las bonificaciones para contratos de duración determinada celebrados para la sustitución de personas trabajadoras en situaciones específicas. Se permiten contratos sucesivos sin solución de continuidad, evitando la exclusión de bonificaciones en casos de transformación de contratos incentivados por la norma.

6. Salario Mínimo Interprofesional:
Se ha decidido prorrogar el Salario Mínimo Interprofesional actual hasta que la Mesa de Diálogo Social alcance un acuerdo para su incremento. Esto garantiza una transición fluida mientras se discuten las condiciones económicas y laborales.

7. Mecanismo de Equidad Intergeneracional:
Se determina la cotización correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, contribuyendo al sostenimiento del sistema con una tasa del 0,70%, compartida entre la empresa y la persona trabajadora.

8. Personal Investigador:
Con el objetivo de fomentar la investigación, se eliminó el requisito de demandantes de empleo en situación de desempleo para acceder a incentivos en la contratación de personal investigador. Se introduce la posibilidad de suscribir un convenio especial para investigadores, ampliando el cómputo como cotizado.

9. Cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar:
Se suspenden disposiciones sobre cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, ofreciendo flexibilidad en este ámbito laboral.

10. Incremento Automático de Bases Mínimas de Cotización:
De manera transitoria, se establece un incremento automático de las bases mínimas de cotización en línea con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

11. Prohibición de Despido y Prórroga de Medidas Laborales:
Se ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2024 la prohibición de despedir por incremento de costes energéticos y adaptado las medidas laborales para empresas beneficiarias de ayudas públicas, evitando despidos injustificados.

12. Prórroga de Medidas por Erupción Volcánica en La Palma:
Se extienden las medidas de apoyo a personas trabajadoras autónomas afectadas por la erupción volcánica en La Palma hasta el 30 de junio de 2024.

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La Ley de Vivienda 12/2023, en vigor desde mayo pasado, establece incentivos fiscales en el IRPF para nuevos contratos de arrendamiento destinados a vivienda habitual, vigentes desde el 1 de enero de 2024, además de nuevas medidas a tener en cuenta para este año.
1. Modulación del Recargo en el IBI para Inmuebles Residenciales Desocupados de Forma Permanente:
Una de las novedades más relevantes es la modulación del recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos inmuebles residenciales desocupados de forma permanente. Este recargo se aplicará cuando la vivienda haya estado vacía por más de dos años y el propietario posea al menos cuatro inmuebles de uso residencial, a menos que existan causas justificadas de desocupación temporal, según tasas establecidas por la Ley de Vivienda.
El recargo se ajusta entre el 50% y el 150% de la cuota líquida del IBI, dependiendo de la duración de la desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.
2. Reducciones en el Rendimiento Neto de Arrendamientos en el IRPF:
La Ley de Vivienda también introduce modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) respecto al rendimiento neto positivo derivado del arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Para contratos celebrados desde la entrada en vigor de la ley, el porcentaje general de reducción pasa del 60% al 50%, con porcentajes incrementados para ciertos casos:
• 90%: Nuevo contrato en zona de mercado residencial tensionado con reducción superior al 5% en la renta inicial.
• 70%: Alquiler de vivienda en zona tensionada por primera vez (arrendatario entre 18 y 35 años), o arrendatario público o entidad sin fines lucrativos para alquiler social o alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad económica.
• 60%: Rehabilitación de la vivienda en los dos años previos a la fecha del contrato de arrendamiento.
3. Aplicación y Vigencia:
Estas nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2024. Se establece que los rendimientos netos positivos derivados de contratos celebrados antes de esta fecha se beneficiarán de la reducción aplicable en la ley del IRPF (60%).
4. Consideraciones Finales:
Es crucial que propietarios y arrendadores estén al tanto de estos cambios, ya que impactarán directamente en las obligaciones tributarias y recargos asociados a la propiedad y alquiler de viviendas. La interpretación precisa de las causas justificadas de desocupación temporal y otros requisitos será esencial para cumplir con la normativa.
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Calendario del contribuyente 2024
Acceso al calendario del contribuyente publicado por la AEAT, plazos de presentación de autoliquidaciones con domiciliación bancaria y novedades en el
calendario para 2024.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES CON DOMICILIACIÓN BANCARIA
El plazo de presentación de autoliquidaciones con domiciliación bancaria va a depender del fin del plazo de presentación de cada modelo. Así,
si el vencimiento del plazo de presentación coincide con un día inhábil, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente y el plazo de domiciliación
bancaria se ampliará con carácter general el mismo número de días que resulte ampliado el plazo de presentación de dicha declaración. A
continuación, se indican los plazos generales y de domiciliación bancaria para cada modelo, correspondientes al año 2024:

NOVEDADES EN EL CALENDARIO PARA 2024
Respecto a la circulación de productos objeto de impuestos especiales, desaparece la declaración del modelo 503. A partir del 13 de febrero de
2023 arrancó la nueva Fase-4 del EMCS intracomunitario y se incluyen los movimientos intracomunitarios de productos sujetos a impuestos
especiales de fabricación realizados por el sistema de envíos garantizados. A partir de esta fecha no se admitirán nuevas declaraciones del Modelo
503.
Se ha publicado una Nota informativa (descargar el documento informativo) sobre los trámites a seguir en relación con la utilización del
procedimiento de envíos garantizados, registro de expedidores certificados y destinatarios certificados, circulación, garantías, y se crean los
nuevos modelos 504, 505 y 507.
Los siguientes modelos serán presentados por primera vez en el ejercicio 2024 y su plazo de presentación es el siguiente:
• Modelo 172. «Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales»: 1 a 31 de enero.
• Modelo 173. «Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales»: 1 a 31 de enero.
• Modelo 721. «Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero»: 1 de enero a 1 de abril.
• Modelo 281. «Declaración informativa trimestral de operaciones de comercio de bienes corporales realizadas en la Zona Especial Canaria sin que
las mercancías transiten por territorio canario».
Con carácter excepcional, la declaración informativa correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2023 se presentará en el
mismo plazo que la declaración informativa correspondiente al cuarto trimestre de 2023, esto es, del 1 al 31 de enero de 2024.
• Modelo 379. «Declaración informativa sobre pagos transfronterizos»: mes natural siguiente al correspondiente trimestre natural.
Los siguientes modelos se encuentran pendiente de aprobación y determinación de la fecha de presentación en 2024:
• Modelo 238. «Declaración informativa para la comunicación de información por parte de operadores de plataformas».
• Modelo 040. «Declaración censal de alta, modificación y baja en el registro de operadores de plataforma extranjeros no cualificados y en el
registro de otros operadores de plataforma obligados a comunicar información».

La introducción de una reducción o deducción por invertir en pymes o empresas en preconcurso le daría la vuelta al tributo.
Publicación de Basilio Sáez Lorenzo en el diario El Pais.

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Hoy, día 29 de septiembre de 2022, se ha publicado en el BOE la Ley 18/2022, de 28
de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
Con esta Ley se pretende: (i) por un lado, facilitar la creación de nuevas empresas y, (ii)
por otro, reducir las trabas a las que se enfrentan en su crecimiento, ya sean de origen
regulatorio o financiero para lograr con ello un incremento de la competencia en
beneficio de los consumidores, de la productividad de nuestro tejido empresarial, de la
resiliencia de nuestras empresas y de la capacidad para crear empleo.
Esta Ley forma parte del componente 13 del “Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia”, que lleva por título “Impulso a las pyme”, el cual cuenta entre sus objetivos
con el establecimiento de un marco jurídico adecuado que impulse la creación de
empresas y fomente su crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de
obstáculos a las actividades económicas, la reducción de la morosidad comercial y el
apoyo financiero al crecimiento empresarial.
Entre las medidas que se adoptan en este texto, algunas de las cuales expondremos a
continuación, queremos destacar, por su trascendencia y los efectos prácticos que
presenta, la utilización de la factura electrónica con carácter obligatorio para todas las
empresas y autónomos en sus relaciones comerciales. A ella nos referiremos en primer
lugar.
OBLIGATORIEDAD DE EXPEDIR Y REMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS
Esta ley impulsa la adopción generalizada de la factura electrónica mediante la
modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información, ampliando la obligación de expedir y remitir facturas
electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones
comerciales.
El artículo 12 del texto de la Ley que hoy se aprueba, modifica el artículo 2 bis “Factura
electrónica en el sector privado” de la Ley 56/2007, estableciendo las siguientes
obligaciones:
Obligación para todas las empresas y autónomos de expedir y remitir factura
electrónica en sus relaciones comerciales. La factura electrónica debe cumplir
con lo requerido en la normativa sobre facturación.

• Empresas y autónomos deben dar acceso a los programas necesarios para
  permitir a los destinatarios de las facturas que las puedan leer, copiar, descargar
  e imprimir, de forma gratuita y sin necesidad de acudir a otras fuentes o
  proveedores para ello.
• Se debe dar acceso a consultar las facturas por medios electrónicos de los
  últimos 4 años. Este acceso se regula como un derecho del destinatario de las
  facturas, que persiste incluso en los casos de resolución de contrato o cuando el
  destinatario haya expresado su voluntad de no recibir factura electrónica.
• El receptor de la factura no podrá obligar a su emisor a la utilización de una
  solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica
  predeterminado.
•  Por último, el incumplimiento de dichas obligaciones constituirá infracción
  administrativa sancionable con multa de hasta 10.000 euros.
  Con esta medida se pretende digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de
  transacción y facilitar la transparencia, además de combatir la morosidad en el tráfico
  empresarial.
  Este proceso de digitalización de las empresas que conlleva la obligatoriedad de la
  factura electrónica supondrá, sin duda, mayor coste para las empresas, que deberán
  invertir recursos en su implantación.
  MEDIDAS EN EL ÁMBITO MERCANTIL
  1) Medidas para agilizar la creación de empresas
  Se introducen las siguientes medidas:
• Se podrá crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social
  de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros actuales. En consonancia,
  desaparece la posibilidad de que una sociedad opte por constituirse en régimen
  de formación sucesiva.
• Para las SRL cuyo capital social sea inferior a 3.000 euros se establecen las
  siguientes reglas cuyo propósito es salvaguardar el interés de los acreedores:
• Se debe destinar a reserva legal al menos el 20% de los beneficios
  hasta que la suma del capital social y la reserva legal alcance 3.000
  euros.
• En caso de liquidación, si el patrimonio de la sociedad fuera
  insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los
  socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe
  de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito.
  Octubre 2022 3
• Asimismo, se introducen reformas para facilitar la constitución de forma
  rápida, ágil y telemática de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, a
  través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y
  el Documento Único Electrónico (DUE), como ventanilla única que viene
  gestionando y desarrollando, desde el año 2003, la Dirección General de
  Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  Por lo anterior, se establece la obligación, para los notarios y los
  intermediarios que asesoren y participen en la creación de las sociedades de
  responsabilidad limitada, de informar a los fundadores de las ventajas de
  emplear los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y el Centro de
  Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), para su constitución
  y la realización de otros trámites ligados al inicio de su actividad.
  Con el objeto de mejorar el funcionamiento de CIRCE, se refuerza la
  obligación, para todos los notarios, de estar disponibles en la Agencia
  Electrónica Notarial regulada en el artículo 8 del Real Decreto 421/2015, de
  29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura
  pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se
  aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y
  la Bolsa de denominaciones sociales con reserva.

2) Derogación regulación de las sociedades limitadas nueva empresa
Se deroga el título XII de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la sociedad limitada
nueva empresa. Esta supuso, en el momento de su puesta en marcha en 2003, un
avance significativo en el proceso de constitución de sociedades al estar asociada al
entonces nuevo sistema CIRCE y el DUE. No obstante, con el transcurso de los años,
sus ventajas en cuanto a rapidez de constitución y la existencia de ciertos requisitos
normativos se han visto superados por la aplicación del DUE a la constitución de la
sociedad limitada ordinaria.
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de la Ley de lucha contra la morosidad
comercial se incorporan las siguientes medidas:

• Se instaura la factura electrónica como un instrumento útil para reducir los costes
  de transacción del tráfico mercantil y para tener acceso a la información sobre
  plazos de pago.
• Se incorporan incentivos para la reducción de los períodos medios de pago, tanto
  a través de su valoración en el acceso a las subvenciones públicas, como
  mediante el refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que
  los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.
• Se creará un Observatorio de Morosidad Nacional, que se encargará del
  seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas
  en este ámbito.
  APOYO FINANCIERO AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
  • Se introduce un nuevo régimen jurídico para las plataformas de
  crowdfunding. La Ley adapta la regulación nacional a la normativa europea, con el fin
  de que las plataformas autorizadas en España puedan prestar sus servicios libremente
  en todo el territorio de la Unión Europea, conforme al Reglamento europeo.
  Entre las principales novedades cabe destacar:
  i) la inclusión de una nueva categoría «gestión de carteras» para permitir
  que el proveedor de servicios de financiación participativa invierta fondos en
  nombre del inversor.
  ii) Se establece un límite único de inversión individual por proyecto para
  inversores minoristas, que se fija como el más alto entre una cantidad de 1.000
  euros o el 5 % de la riqueza (sin incluir propiedades inmobiliarias y fondos de
  pensiones). A los inversores minoristas no se les impide invertir por encima del
  límite, pero de querer hacerlo, recibirán una advertencia de riesgo y tendrán que
  dar su consentimiento expreso al proveedor de servicios de financiación
  participativa.
  iii) Se fija un límite de inversión por proyecto de 5 millones de euros,
  superable hasta el límite previsto en la legislación de cada Estado miembro, a
  partir del cual se exige la emisión de un folleto.
  • Se introducen un conjunto de reformas que buscan impulsar y mejorar la
  inversión colectiva y el capital riesgo en España, un sector que en los últimos dos
  años ha vivido una notable aceleración y dinamización, y cuyo correcto funcionamiento
  beneficia al conjunto de la actividad económica y que tiene que ir necesariamente unido
  a la protección del inversor.

  MEJORA DE LA REGULACIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS A LAS
  ACTIVIDADES ECONÓMICAS

• Se profundiza en la cooperación y confianza mutua entre las diferentes
  Administraciones públicas y se refuerza las ventanillas en las que las empresas
  pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los
  principios de buena regulación económica.
• Se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia,
  incorporándose al listado estatal las actividades que se hayan considerado
  inocuas por al menos una Comunidad Autónoma.
  ENTRADA EN VIGOR
  Respecto a su entrada en vigor, se establecen distintas fechas:
• Con carácter general, la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación
  en el Boletín Oficial del Estado, es decir el 18 de octubre de 2022.
• El capítulo V, relativo al régimen jurídico de las plataformas de financiación
  participativa, entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022.
• El artículo 12 de la ley, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y
  profesionales, que producirá efectos, para los empresarios y profesionales cuya
  facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de aprobarse
  el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales,
  este artículo producirá efectos a los dos años de aprobarse el desarrollo
  reglamentario

Estimados clientes,

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 queremos estar a su lado e informarles de todas las medidas legales que, con carácter excepcional, se están adoptando por el Gobierno y que son de su interés y de su empresa.

• NUEVAS MEDIDAS FISCALES, LABORALES Y MERCANTILES PANDEMIA COVID-19
• PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD AUTONOMOS COVID-19
• MEDIDAS ECONOMICAS Y SOCIALES EXTRAORDINARIAS COVID-19
• PERMISO EXTRAORDINARIO RETRIBUIDO

El Tribunal Supremo ha dictaminado sobre a quién corresponde pagar (al banco o al cliente) los gastos de constitución de la hipoteca.
Hipoteca. El Tribunal Supremo consideró abusivo imponer al consumidor todos los gastos relacionados con la escritura de hipoteca, lo que abrió la puerta a reclamar su devolución. Apunte. Aunque para el AJD los criterios quedaron claros (ahora debe pagarlo el banco, pero respecto a las hipotecas anteriores el cliente no lo podía reclamar), para el resto de gastos los tribunales han aplicado criterios divergentes.
Nuevo criterio. Pues bien, recientemente el Tribunal Supremo ha dictaminado las siguientes reglas [TS 23-01-2019]:
• Notario. Respecto a los gastos de notario, considera que la intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que el coste de la matriz de la escritura se debe pagar por mitades. Apunte. En cuanto al coste de las copias de la escritura, lo asume quien las solicite.
• Registro y gestoría. El banco debe pagar los gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad (pues es el interesado en la inscripción). Apunte. Sin embargo, los gastos de gestoría se reparten al 50%.
• Comisión de apertura. Aunque algunos tribunales habían obligado al banco a devolver la comisión de apertura, el Tribunal Supremo lo ha rechazado, por lo que debe pagarla el cliente.
¿Cómo actuar? Con este criterio pierde atractivo reclamar la devolución, pues el importe reclamable se reduce (por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros, puede ser de unos 700). En todo caso:
• Una opción es reclamar extrajudicialmente la devolución de los gastos siguiendo estos nuevos criterios (tras esta sentencia, es posible que los bancos acepten dicha devolución).
• Si el banco no acepta la devolución, consulte con nosotros si merece la pena reclamar judicialmente. En este sentido, si tiene otros conceptos para reclamar (como la anulación de la cláusula suelo), una opción es aprovechar la misma demanda para reclamarlo todo.
El Tribunal Supremo ha clarificado quién debe pagar los gastos de constitución de la hipoteca. Consulte con nosotros si merece la pena reclamar judicialmente.

Ref.: Indicator/LEFEBVRE